Solidaridad con los maestros ante el embate represivo del gobierno federal: Alfonso Durazo.

MORENA en Sonora calificó como una acción represiva y condenable la detención de los profesores Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y Francisco Villalobos, secretario de Organización de la misma Sección.

“Nos parece reprobable que Sonora se convierta en un gulag donde el gobierno envía a sus enemigos políticos para alejarlos de su entorno y de sus familias. Basta recordar que desde 2014 el líder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, está preso en nuestra entidad por su lucha contra el crimen organizado”, dijo.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Sonora manifestó que esto nos trae a la mente las deportaciones de los indígenas yaquis en la época de Porfirio Díaz a la península de Yucatán y al Valle Nacional en Oaxaca, para arrancarlos de su tierra.

“Es realmente vergonzoso que el penal federal en Sonora se esté convirtiendo para el gobierno federal en una especie de prisión de San Juan de Ulúa –concluyó Durazo–, que en el porfiriato era utilizada para castigar a la disidencia política a través del aislamiento y la distancia. Es obvio que el traslado de opositores a Hermosillo, tan lejos de los lugares donde supuestamente cometieron los delitos de los que se les acusa, es ya en sí mismo una expresión del ánimo represivo del gobierno federal. Nos oponemos a que Sonora juegue este papel tan lamentable en la resurrección política del porfirismo”.

“Nuestro partido reitera su solidaridad con los profesores que se oponen a la reforma en su contra y que han enfrentado la cerrazón, la intolerancia y la violencia del gobierno ante sus peticiones de diálogo. Con estos actos queda claro que la reforma no tiene nada de educativa, sino que es administrativa y laboral, discriminatoria y punitiva”, afirmó.

El líder opositor expresó que no es posible que un problema político quiera ser resuelto como un asunto policiaco y advirtió que hasta el momento ha sido contraproducente solucionarlo mediante el uso de la fuerza. “La movilización y la protesta del magisterio siguen ahí porque expresan una insatisfacción profunda con una reforma que en nada se relaciona con la mejora de la educación y sí con el control político y laboral del magisterio”, añadió.