Prevalece impunidad de 98% en la comisión de delitos en Sonora: Alfonso Durazo

La impunidad en el castigo de los delitos en el estado de Sonora es apabullante: sólo 5.8 por ciento de los delitos denunciados son investigados y menos del 2 por ciento de los crímenes son esclarecidos por las autoridades de procuración de justicia, informó Alfonso Durazo.

El presidente estatal de MORENA hizo referencia a los datos publicados en el “Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías”, un reporte elaborado por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Jurimetría, sobre la efectividad de la procuración de la justicia penal de las 32 entidades federativas.

“Mientras la gobernadora Claudia Pavlovich se pasea presumiendo reconocimientos de transparencia y los legisladores locales se dedican a aumentar las penalidades en varios delitos como si fuera la solución al problema de la delincuencia, la sociedad sufre los estragos no sólo de la delincuencia sino de quienes están encargados de hacer cumplir la ley”, lamentó

Durazo Montaño explicó que aunque el estado se ubica en noveno lugar nacional en presupuesto per cápita en procuración de justicia con 361 millones de pesos, se encuentra en el último lugar nacional en cantidad de Ministerios Públicos, con 2.3 por cada 100 mil habitantes. Además de tener pocos fiscales, la entidad ocupa el segundo lugar en elevadas cargas de trabajo con 390 asuntos por ministerio público, en comparación con sólo 69 asuntos de los agentes en Campeche.

“Por si fuera poco, en el estado sólo el 15 por ciento de las averiguaciones previas presentadas ante los Ministerios Públicos terminan con el ejercicio de la acción penal, contra 69 por ciento del estado de Nayarit, en comparación. Peor aún: una vez otorgada la acción penal, ocupamos el lugar 23 en cumplimiento o ejecución de las órdenes de aprensión”, añadió.

MORENA plantea que es urgente la reforma de las instituciones dedicadas a la procuración de justicia en materia penal y sus modelos de gestión, así como que se garantice el respeto a los derechos fundamentales, el combate a la impunidad y una política criminal focalizada y efectiva.