“Los recursos opacos que reciben los diputados se prestan a malas interpretaciones y dudas sobre la autonomía con que legislan y llevan a cabo las tareas de vigilancia y supervisión sobre el Poder Ejecutivo”, expresó Alfonso Durazo. “Es una vergüenza que así fuese, pues daría lugar a sospechas, particularmente sobre el hecho de que su voto estaría siendo comprado. Creo que cada diputado limpio de sospecha debe deslindarse de esta información”.
En todo caso, es inexcusable que en tiempos de recortes presupuestales y de endeudamiento para enfrentar la grave crisis financiera del Gobierno del Estado, el Congreso local derroche los recursos de los sonorenses en partidas injustificables y opacas, como la del bono de “gestión legislativa”, cuestionó Alfonso Durazo Montaño.
El líder estatal de Morena hizo eco del reportaje de la revista Proceso del pasado 11 de marzo, que informa que cada legislador local sonorense recibe 99 mil pesos adicionales a su salario, ya de por sí fastuoso, de 117 mil pesos, sin que existan ni transparencia ni justificación para dichos recursos.
“Mientras el gobierno del estado despide a los empleados del sector salud bajo el argumento de que no hay recursos para el pago de la nómina, el Congreso del Estado se sirve con la cuchara grande”, comentó Durazo. “Es incongruente que todo ese dinero termine en los bolsillos de los legisladores cuando podría ser invertido en áreas prioritarias, como la salud, la educación y el combate a la pobreza”.
El dirigente de Morena recordó que Proceso informó en 2015, a finales de la pasada Legislatura, que el Congreso de Sonora era el sexto más caro en el país, con un presupuesto de 312.8 millones de pesos, que divididos entre los 33 diputados representaba un gasto legislativo per cápita anual de 9.4 millones de pesos, algo así como un costo mensual de 789 mil 898 pesos.
Proceso informa que el bono ha costado 429 millones de pesos a los sonorenses, desde que empezó a entregarse, el 2006, hasta 2016.
“Lo más preocupante es que no existan mecanismos para garantizarle a los ciudadanos transparencia”, advirtió Durazo. “La comprobación de los gastos es casi discrecional, pues cada legislador solo entrega un reporte financiero semestral que analiza y aprueba su propia bancada y que posteriormente es archivado.
El político sonorense exigió a los diputados cancelar la partida 3919 y poner en práctica un plan de austeridad que elimine la “dieta” de 25 mil pesos y el bono de 38 mil pesos por “riesgo laboral” que cada diputado recibe, ingresos adicionales a su sueldo base de 52 mil pesos, pues estos bonos no tienen justificación alguna, ya que su solo salario base es mucho más que suficiente para realizar sus actividades de representación popular.